Pronunciamiento sobre la nueva validación de identidad en la consulta de expedientes judiciales
El Estudio Jurídico De Iure Abogados expresa su preocupación por la reciente implementación de un mecanismo adicional de validación de identidad en el Sistema de Consulta de Expedientes Judiciales del Poder Judicial.
Según el comunicado publicado en la propia plataforma, esta medida busca reforzar la protección de los datos personales y limitar el acceso a los expedientes a quienes se encuentren legitimados para ello. La finalidad resulta atendible, especialmente considerando la necesidad de resguardar información de carácter personal o sensible que puede encontrarse incorporada en los procesos judiciales.
Sin embargo, la forma en que se ha implementado esta exigencia puede generar dificultades prácticas para los abogados y para los propios litigantes. La consulta de expedientes constituye una herramienta de uso cotidiano para conocer el estado de los procesos, verificar actuaciones judiciales, revisar resoluciones y adoptar oportunamente decisiones vinculadas con el ejercicio del derecho de defensa.
La incorporación de datos adicionales de validación, como el número del documento de identidad, fecha de emisión y fecha de nacimiento, puede ralentizar este procedimiento y dificultar determinadas consultas legítimas, especialmente cuando el abogado se encuentra evaluando un caso antes de asumir formalmente el patrocinio, cuando existe sustitución de defensa o cuando el litigante requiere verificar información de su propio proceso.
La protección de los datos personales debe coexistir con otros principios que también resultan relevantes en la administración de justicia, como la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho de defensa, la publicidad de los procesos, la transparencia y la celeridad.
Por ello, consideramos conveniente que el Poder Judicial evalúe mecanismos que permitan alcanzar ambos objetivos. Una alternativa podría consistir en diferenciar la información procesal de carácter general de aquella que contiene datos sensibles o reservados, restringiendo únicamente esta última. También podría implementarse un sistema de acceso específico para abogados mediante la validación de su registro profesional, evitando requerimientos adicionales en cada consulta.
La digitalización del sistema de justicia debe permitir mejorar la seguridad de la información, pero también facilitar el acceso de abogados y ciudadanos a los servicios judiciales. Ambos aspectos pueden ser compatibles mediante soluciones tecnológicas proporcionales y adecuadamente diseñadas.
Desde De Iure Abogados, consideramos pertinente que la medida sea revisada y perfeccionada, procurando que la protección de los datos personales no termine generando barreras innecesarias para el seguimiento de los procesos judiciales y el ejercicio profesional de la abogacía.